Colombia: un nefasto precedente
Jorge Alania Vera |Expreso Digital
En noviembre del año pasado y en fallo inapelable, la Corte Internacional de La Haya ratificó la soberanía de Colombia sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en aguas del Mar Caribe, así como sobre sus siete cayos deshabitados que eran reclamados por Nicaragua como suyos en un litigio que inició el gobierno de Managua ante ese tribunal internacional en el 2001.
Pero en su decisión la Corte redujo, también inapelablemente, el territorio marítimo colombiano al ceder una mayor porción a Nicaragua, con lo que al menos dos de los cayos colombianos –Quitasueño y Serrana– quedaron rodeados de aguas nicaragüenses.
Sin embargo y de manera injustificable, el gobierno de Colombia no aceptó el fallo. Pero no sólo eso. Tuvo la desfachatez de decir que lo acoge, pero que no lo acatará de inmediato porque considera que primero hay que resolver varios aspectos con Nicaragua, incluido la firma de un acuerdo limítrofe conforme a la constitución colombiana y garantías de que se protegen los derechos de los colombianos de la zona.
Y eso no es todo: ahora que Nicaragua la denuncia ante la misma Corte por no aceptar su fallo luego de avenirse al litigio y, naturalmente, a sus consecuencias, su canciller, María Ángela Holguín, critica al gobierno nicaragüense por no discutir el asunto de manera bilateral y acudir directamente a la Corte. Pero ¿qué va a discutir si ya hay un fallo inapelable? ¿Qué, si precisamente por no ponerse de acuerdo bilateralmente, los Estados acuden a La Haya para que dirima?
Insólita la actitud del gobierno colombiano que para colmo de males ha llamado “pésimo vecino” a Nicaragua simplemente porque el fallo de la Corte le ha sido en parte favorable.
Se trata, sin duda, de un nefasto precedente que podría seguir Chile si, como todo indica, el próximo fallo de La Haya en el litigio que mantiene con nosotros (Perú), no le es del todo favorable. Y otra cosa aún más crítica: dos Estados en abierta rebeldía al derecho internacional podrían poner en riesgo la misma existencia y ascendiente del tribunal de La Haya, algo que la ONU, la OEA, la Unasur y la CAN no pueden ni deben permitir que pase de ninguna manera.