Colombia improvisó y se precipitó

* “Lo que fue elogiado por la prensa y por algunos “expertos” fue en realidad un acto inútil que no afecta en lo más mínimo la competencia de la Corte y que lejos de corresponder a un comportamiento diligente y hábil del canciller y del Palacio de San Carlos, deja al desnudo la precipitación y la improvisación de dicho ministerio“

Nicolas Boeglin (*)

Con la nueva demanda contra Colombia presentada por Nicaragua el pasado 26 de noviembre del 2013, en relación a la no implementación por parte de Colombia del fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) del 19 de noviembre del 2012, Nicaragua intenta mantener bajo la jurisdicción de la CIJ esta controversia que ya lleva 32 años llenando de incertidumbre a toda la región.

El pasado 26 de noviembre, Nicaragua presentó formalmente una nueva demanda para obligar a Colombia a cumplir el fallo dictaminado el 19 de noviembre del 2012.

Este último, como bien se sabe, es el resultado de una demanda planteada formalmente desde el año 2001 por parte Nicaragua ante la CIJ y que duró 11 años en dictaminarse en La Haya debido a varios incidentes procesales: un primer intento de Colombia al presentar una serie de excepciones preliminares (de manera algo tardía) en el año 2003 cuestionando la competencia de la CIJ, dando lugar a un fallo de la CIJ del 2007; y una solicitud de intervención simultánea presentada por Costa Rica y Honduras en el 2010 (de manera igualmente tardía), ambas rechazadas por la CIJ en el año 2011.

En el comunicado de prensa de la CIJ emitido, se lee que Nicaragua introdujo una solicitud en relación a una controversia “relativa a las violaciones de derechos soberanos y de espacios marítimos de Nicaragua que le han sido reconocidos por la Corte en su fallo del 19 de noviembre del 2012, así como la amenaza de Colombia de recurrir a la fuerza para cometer estas violaciones”. La referencia a “amenaza de recurrir al uso de la fuerza” que la CIJ incluye desde el primer párrafo de su comunicado puede leerse como una clara advertencia de las autoridades de Nicaragua a las colombianas, y no excluye una eventual solicitud al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Es de señalar que desde el fallo de noviembre del 2012 que pone fin a 32 largos años de incertidumbre en la región (ya que la denuncia del tratado Esguerra-Bárcenas entre Colombia y Nicaragua por parte de Nicaragua se dio en 1979), Colombia no ha presentado formalmente a la CIJ ninguna solicitud de interpretación y/o aclaración o algún recurso de nulidad, todos previstos en el Estatuto y en Reglamento de la CIJ.

La inédita actitud de Colombia ante la autoridad de la CIJ:

Es menester recordar que a menos 10 días de leerse el fallo de la CIJ del 19 de noviembre del 2012, Colombia anunció su decisión de denunciar el Pacto de Bogotá suscrito en 1948: lo hizo exactamente el 27 de noviembre del 2012. Tratándose de un acto que surte efectos jurídicos un año después, según lo establece el mismo Pacto de Bogotá, el 27 de noviembre del 2013 Colombia quedó jurídicamente libre de las obligaciones contraídas en este emblemático instrumento regional (el cual, irónicamente, lleva el nombre de su propia capital).

El pasado 16 de setiembre del 2013, Nicaragua ya había presentado una primera demanda contra Colombia, en respuesta a declaraciones del presidente Juan Manuel Santos de Colombia del 10 de septiembre del 2013 declarando el fallo de la CIJ “no aplicable“, que habíamos tenido la oportunidad de analizar en estas mismas páginas. Es interesante notar que en su alocución pronunciada unos días después ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, contrario a lo anunciado, el Presidente de Colombia no se refirió en ningún momento a la controversia suscitada con Nicaragua.

Del derecho a la fuerza a la fuerza del derecho:

Esta nueva demanda de Nicaragua contra Colombia presentada el pasado 26 de noviembre, refiriendo esta vez a la amenaza del uso de la fuerza por parte de autoridades colombianas debe ser analizada con sumo cuidado, ya que nos adentramos en un ámbito del derecho internacional en el que el juez internacional se ha mostrado particularmente sensible. Y ello no debe constituir ninguna sorpresa: en efecto, uno de los mayores logros paulatinamente obtenidos por la comunidad internacional desde 1945 es haber pasado del derecho a la fuerza imperante a la fuerza del derecho para resolver disputas que surjan entre sus integrantes.

La violencia que sacude aún a la comunidad internacional evidencia que estamos muy lejos de su perfecta concreción, pero la prohibición al uso de la fuerza constituye sin lugar a dudas uno de los postulados más firmes sobre el que se asienta el derecho internacional moderno. Vale no obstante recordar que no es la primera vez que, en esta disputa entre Nicaragua y Colombia, se deja entrever el poderío militar de uno para intentar frenar las ambiciones del otro: menos de 24 horas antes de que Nicaragua planteara su demanda inicial ante la CIJ el 6 de diciembre del 2001, Colombia había procedido a una maniobra extraña al anunciar el retiro de su declaración de aceptación de la jurisdicción obligatoria de la CIJ.

Sobre este punto, el profesor José Joaquin Caicedo Demoulin no dudó en valorar esta maniobra de la siguiente forma y vaticinar su rotundo fracaso: “Lo que fue elogiado por la prensa y por algunos “expertos” fue en realidad un acto inútil que no afecta en lo más mínimo la competencia de la Corte y que lejos de corresponder a un comportamiento diligente y hábil del canciller y del Palacio de San Carlos, deja al desnudo la precipitación y la improvisación de dicho ministerio“.

En el párrafo 139 de su decisión sobre excepciones preliminares del año 2007), la Corte rechazó efectivamente la pretensión de darle efecto alguno a este retiro de la declaración colombiana. Esta repentina maniobra de Colombia recuerda la famosa “carta Shultz” de Estados Unidos con fecha del 6 de abril de 1984 que precedió la demanda de Nicaragua del 9 de abril del 1984 ante la CIJ contra Estados Unidos: este fracasado intento de Estados Unidos exhibió la calidad de sus servicios de inteligencia y sus autores conocieron la misma suerte que Colombia en el 2001, en cuanto a posibles efectos. Especialistas en la materia calificaron esta maniobra frustrada como uno de los peores errores estratégicos de Estados Unidos en su contienda con Nicaragua ante la Corte. Con base en estos dos precedentes inauditos en los anales de la justicia internacional, podemos arriesgarnos a afirmar que se trata posiblemente de la mejor manera que tiene un Estado para indisponer a los jueces de la CIJ en su contra.

Epílogo y perspectivas inciertas:

Con la denuncia efectiva del Pacto de Bogotá, Colombia ya no puede ser demandada ante la CIJ por parte de otros Estados deseosos de hacerlo usando como base de competencia de la CIJ este instrumento regional. En lo que concierne a los Estados vecinos marítimos de Colombia, por ejemplo, deberán ya sea negociar o bien intentar acudir a otros mecanismos si quieren hacer valer sus pretensiones marítimas contrapuestas a las de Colombia, en particular después de las reivindicaciones que les ofrece el fallo de la CIJ del 2012.

No obstante, en el caso de Nicaragua, la demanda presentada 24 horas antes de cumplirse el año para que entre en vigor la denuncia del Pacto de Bogotá le permite mantener su irresuelta controversia con Colombia bajo la jurisdicción del “órgano judicial principal de las Naciones Unidas“, tal y como reza el Artículo 92 de la Carta de las Naciones Unidas adoptada en 1945 e invocar una clara violación por parte de las autoridades de Colombia a un precepto fundamental del ordenamiento jurídico internacional.

En lo que concierne a Costa Rica, sus recurrentes disputas con Nicaragua (y el consiguiente deterioro de sus relaciones bilaterales durante la administración 2010-2014) han llevado a sus autoridades a mostrar señales de solidaridad con Colombia. Una actitud ambigua que conlleva serios riesgos, como bien lo advirtió el ex canciller de Costa Rica Bruno Stagno (2006-2010) en los días previos a la última Asamblea General de las Naciones Unidas celebrada en Nueva York: “Lo que sí es de lamentar es la intención de la Administración Chinchilla Miranda de solidarizarse con Colombia contra el expansionismo de Nicaragua, justo cuando Bogotá anuncia un desacato a las sentencias de la Corte Internacional de Justicia. Para un país comprometido con el derecho internacional, esta alianza más que inoportuna con Colombia, le puede salir muy cara a Costa Rica”.

(*) Periodistas en español.com