Colombia “gana tiempo”, ¿para qué?
Más temprano que tarde Colombia tendrá que cumplir el fallo de La Haya, lo que hace actualmente es un juego político para ganar votos y calmar a la "clientela".
* Al final tendrá que acatar ineludiblemente el fallo de La Haya, y aparentemente el jueguito de la “inaplicabilidad” busca ganar votos entre el 91% de ciudadanos que rechazó decisión de los jueces de la Corte Internacional
Farid Kahhat
Según el Presidente colombiano Juan Manuel Santos, el fallo respecto al diferendo con Nicaragua emitido por la Corte Internacional de Justicia (CIJ), es inaplicable en ausencia de un tratado de límites entre ambos Estados.
Los especialistas concuerdan en que esa posición no tiene sustento en el derecho internacional, y recuerdan que los fallos de la CIJ son vinculantes e inapelables. La explicación de la posición colombiana debe buscarse entonces en el ámbito de la política, y no en el ámbito del derecho.
Recordar fechas y encuestas permite atisbar las razones que pudieron motivar la decisión del Presidente Santos. En Septiembre de 2012 (cuando el Gobierno de Santos da a conocer su intención de iniciar negociaciones de paz con las FARC), la aprobación de su gestión presidencial alcanzó un 62.9 por ciento.
Sin embargo, en Noviembre de 2012 (tras la emisión del fallo de la CIJ), esta cayó hasta un 45 por ciento. El anuncio según el cual el fallo de la CIJ era inaplicable en ausencia de un tratado se realizó en Septiembre de 2013: es decir, un mes después de iniciarse el mayor Paro Agrario que Colombia ha experimentado en décadas, y ad portas de cumplirse un año del inicio de las negociaciones con las FARC (durante las cuales sólo se habían alcanzado acuerdos en torno a uno de los cinco temas en agenda).
Según una encuesta regional de Consulta Mitofsky, Juan Manuel Santos se ubicaba en septiembre de 2013 en el lugar 18 entre los 19 jefes de Gobierno cuya gestión fue objeto de evaluación, con una aprobación del 25 por ciento. Cabría añadir dos datos adicionales.
En primer lugar, según una encuesta publicada en su momento por la revista «Semana», un 91 por ciento de los colombianos calificaba el fallo de la CIJ como injusto, y un 85 por ciento creía que el Gobierno de Juan Manuel Santos debía desacatarlo incluso si ello pudiese implicar una guerra con Nicaragua. En segundo lugar, el Presidente Santos aspira a ser reelegido en el cargo en mayo de 2014.
En resumen, esperar que un Presidente decidido a tentar la reelección contando sólo con un 25 por ciento de aprobación se comprometiera sin dilaciones a acatar un fallo que aborrece sin contemplaciones el 90 por ciento de los votantes, equivalía a pedirle peras al olmo.
La pregunta sería más bien por qué en lugar de elaborar una fórmula ambigua (dado que el fallo sería inaplicable en ausencia de un tratado de límites, luego entonces si sería aplicable en caso de suscribirse ese tratado), no se dijo simplemente que Colombia desacataba el fallo.
La respuesta sería que en caso de un desacato explícito e inequívoco, no cabría duda alguna sobre el desafío que ello implica a la legalidad internacional, ni quedaría procedimiento jurídico al cual apelar. Entonces el tema podría ser sometido sin dilación a consideración del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el cual cuenta con la autoridad necesaria para imponer sanciones en contra del infractor. No es casual que ningún Estado haya declarado formalmente su desacato a un fallo de la CIJ en materia limítrofe: la ambigüedad permite ganar tiempo.
La pregunta sería, ¿tiempo para qué? Si el propósito último fuese desacatar el fallo, sólo se estaría postergando un desenlace inevitable. Lo que usualmente pretende la ambigüedad frente a un fallo, es buscar formas de reducir el costo de su implementación.
¿Qué podría, por ejemplo, buscar Juan Manuel Santos de un tratado con Nicaragua? De un lado, salvaguardar los intereses de los pescadores colombianos que durante décadas ejercieron su oficio en aguas que ahora pertenecen a Nicaragua. De otro lado, exigir a Nicaragua que, a cambio de la implementación del fallo, renuncie a nuevas demandas territoriales en contra de Colombia.
En ese contexto, el retiro del Pacto de Bogotá cumpliría además el propósito de asegurar a sus ciudadanos que la derrota judicial ante Nicaragua sería la última que su país tendrá que afrontar, dado que una vez que se haga efectivo ese retiro Colombia ya no estará sometida a la jurisdicción de la CIJ.
Presumo que la expectativa es que con el transcurso del tiempo se restablezca cierta semblanza de normalidad, y la animadversión hacia el fallo de la CIJ pierda intensidad. Salvando las distancias entre ambos casos, sería algo similar a lo que ocurrió entre Ecuador y el Perú tras el conflicto armado de 1995: hoy en día la relación entre ambos países es a tal punto ejemplar, que pocos recuerdan que la mayoría de los encuestados en el Perú se opuso en su momento al fallo arbitral emitido por los países garantes del Protocolo de Río de Janeiro.