Nicaragua abolió pena de muerte en 1979
Una ejecución con inyección letal en Estados Unidos.
* Ejecución del mexicano Edgar Tamayo en Texas, abre otra vez la polémica sobre el derecho que se arroga Estados Unidos de aplicar la Ley del Talión, en este caso contra latinoamericanos
Hay quienes consideran que la pena de muerte debería regresar a Nicaragua para los asesinos y violadores de niñas y niños. Otros consideran que es algo que no debería existir en ninguna nación del mundo.
La pena capital aplicada al mexicano Edgar Tamayo en Texas el miércoles, ha puesto otra vez en el tapete el derecho que tiene un Estado de cobrar un crimen con otro. En la acera de enfrente podríamos poner la tibieza con que muchos países de América Latina castigan asesinatos y homicidios.
En Nicaragua la pena de muerte existió hasta 1979, cuando fue abolida por la Revolución sandinista, sin embargo, se conoce que los últimos fusilamientos ocurrieron en 1930 frente a un muro del Cementerio General de Managua. Se trató de tres sujetos que cometieron un asesinato.
Desde entonces, no han existido más condenados a muerte. Al menos de manera formal.
En Estados Unidos el asunto es diferente. Desde 1976 a esta parte han ejecutado de diferentes formas a 1,633 reos, incluyendo a Tamayo, a quien aplicaron una inyección letal por haber dado muerte hace 20 años al policía norteamericano Guy Gaddis con varios balazos en la nuca, cuando éste lo llevaba detenido sin percatarse que el sujeto tenía un arma escondida entre sus ropas.
Las tres últimas ejecuciones en América Latina tuvieron lugar en Cuba en 2003, cuando fueron fusilados Enrique Copello, Bárbaro Leodán Sevilla y Jorge Luis Martínez, condenados por el secuestro de una embarcación con unos 50 pasajeros a bordo.
Cuba, que ha aplicado una «moratoria» de facto a las ejecuciones desde entonces, y Guatemala, donde las últimas ejecuciones, con inyección letal, datan del año 2000, son los únicos de la región donde la pena capital está vigente para delitos comunes.
En Perú, la Constitución aprobada en 1993 tras el autogolpe del presidente Alberto Fujimori (1990-2000) establece la pena de muerte para el delito de terrorismo y de traición a la patria, pero no se ha aplicado en las últimas décadas.
Desde que se firmaron los Acuerdos de Paz de 1996 han sido ejecutadas en Guatemala cinco personas, las dos últimas fueron Amílcar Cetino y Tomás Cerrate, condenados por el asesinato y secuestro de una empresaria.
Después de Cetino y Cerrate no se ha ejecutado a ningún otro condenado a muerte por la existencia de un vacío legal en torno a la facultad de otorgar indultos y en 2011 el entonces presidente de Guatemala, Álvaro Colom, presentó al Congreso una iniciativa de ley para abolir definitivamente la pena de muerte, pero no prosperó.
En 2012 la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Guatemala revocó la pena de muerte dictada contra 53 reos, al considerar que se violó su derecho de defensa, y les impuso en su lugar una pena de 50 años de cárcel.
En la mayoría de países latinoamericanos que no han abolido totalmente la pena capital, ese castigo se mantiene para casos de guerra o traición a la patria, aunque no se aplica.
Venezuela fue el primer país del mundo que la abolió, en 1863, y Costa Rica el tercero, en 1882.
Un caso particular es el de Puerto Rico, estado Libre Asociado de EE.UU., que prohíbe en su constitución la pena capital, pero en los casos juzgados por el tribunal federal de la isla se puede aplicar, aunque para las ejecuciones los reos deben ser trasladados a prisiones de Estados Unidos.
La última vez que se ejecutó a una persona en Puerto Rico fue en 1927, entonces bajo una ley local que se abolió dos años después.
En Brasil la pena capital fue aplicada por última vez el 28 de abril de 1876, cuando el esclavo Francisco fue ahorcado en la plaza pública de la localidad de Pilar de Alagoas (noreste), mientras que en Colombia se remonta al 7 de mayo 1907, fecha en que fue fusilado por pirómano Manuel Saturnino Valencia.
En Bolivia, la pena de muerte quedó abolida con la Constitución de 1967 y fue eliminada del Código Penal con la reforma de 1997,sin embargo, existe la llamada «justicia comunitaria» que aplican las comunidades indígenas a quienes creen ladrones o asesinos, sin un juicio previo.
En Chile la máxima condena se mantiene para los tiempos de guerra. La última vez que se aplicó fue el 29 de enero de 1985, cuando fueron ejecutados los carabineros Carlos Alberto Topp Collins y Jorge Sagredo Pizarro, responsables de una docena de homicidios en serie perpetrados en Viña del Mar.
En México, la pena de muerte se encuentra totalmente abolida y la última ejecución, en el fuero militar, sucedió en 1961. Otro país que también la eliminó fue Argentina en 2008.
Pese al panorama abolicionista en América Latina, muchos de sus ciudadanos han sido condenados a muerte en EE.UU.
Gobiernos y organizaciones en contra de la máxima pena han exigido al país del norte que elimine esa práctica que va en contra vía de las legislaciones de los países latinoamericanos.
Tamayo fue llevado a la cámara desde su celda a las 21:03 horas, hora en que fue colocado en una camilla. La solución comenzó a entrar a través de su brazo derecho a las 21:05 horas, y a través del izquierdo a las 21:10 horas.
Cinco minutos después, se le preguntó si quería realizar alguna declaración antes de morir. Tras su negativa, la dosis letal comenzó a ser administrada y se declaró completado el proceso a las 21:26. Cuatro minutos después, un médico lo declaró muerto.