“Esclavos asesinos” de Los Zetas
Centroamericanos humildes son los que se juegan la vida todos los días en el "tren de la muerte", en México.
Por fortuna para Nicaragua, pocos de nuestros ciudadanos corren tan terrible suerte, sin embargo los hay. Hace días una compatriota fue rescatada en Tamaulipas junto a otros once secuestrados que eran sometidos a torturas diarias. La revista Proceso, de México, publicó un excelente reportaje sobre el tema.
JOSÉ GIL OLMOS
MEXICO, DF.- El secuestro de migrantes centroamericanos y mexicanos es ya un gran negocio para el crimen organizado. Y aun cuando las autoridades han firmado acuerdos, pactos y tratados, nada frena ese delito que, de acuerdo con cifras conservadoras de agrupaciones nacionales y extranjeras, deja ganancias de por lo menos 50 millones de dólares al año a los grupos delincuenciales.
Un informe reciente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sostiene que desde 2008, se han registrado alrededor de 20 mil secuestros anuales. Durante su trayecto a Estados Unidos, los indocumentados son objeto de innumerable vejaciones por parte de organizaciones criminales.
El padre Alejandro Solalinde, quien dirige el albergue Hermanos en el Camino, ubicado en Ixtepec, Oaxaca, advierte que los Zetas suelen secuestrar a hombres y mujeres y los obligan a trabajar para ellos como halcones. Asegura que él ha recibido testimonios de los plagiados, según los cuales los sicarios los adiestran y los convierten en su ejército de reserva.
Entrevistado vía telefónica la víspera de la marcha contra de los secuestros y violaciones a los derechos de los migrantes que se inició el sábado 23 de manera simultánea en Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala, y culminará en México el domingo 31, Solalinde manifiesta que se trata de una nueva versión de la leva en la que los migrantes centroamericanos y mexicanos son tomados como «desechables».
EL INFIERNO
Los plagios de migrantes por parte de zetas comenzaron a denunciarse hace dos años. Al principio, los sicarios no pedían rescate a los familiares, más bien obligaban a sus víctimas a trabajar para ellos.
Según los testimonios reunidos por Solalinde, luego de llevar tiempo desaparecidos, algunos jóvenes llamaban por teléfono a sus familiares para decirles que no dijeran nada al Ejército o la policía, ni intentaran buscarlos; les comentaban que estaban trabajando para Los Zetas, mejor se olvidaran de ellos porque nunca los iban a soltar.
Los migrantes, insiste el entrevistado, «están atrapados. Los sicarios primero los entrenan y luego los ponen a trabajar en las plazas nacionales que controlan o incluso fuera del país.
«No se pueden salir del entorno al que los confinan porque los matan. Tuvimos información de que un par de jóvenes de Veracruz fueron obligados a participar en una matanza en Guatemala. (Los Zetas) se los llevaron para allá y los forzaron a matar a la gente. ¡Imagínese lo que estarán haciendo en otros lados del país».
Encargado del área pastoral de migrantes de la Conferencia del Episcopado Mexicano y del albergue Hermanos en el Camino, el padre Solalinde comenta que lo mejor que les podría pasar a estos «nuevos esclavos» del crimen organizado es que los metieran a la cárcel porque, aunque les den una sentencia larga, por lo menos se zafarían del poder de los narcotraficantes.
Tras mencionar las entidades en las que ocurre este fenómeno, insiste en que es Veracruz el territorio donde es mayor el reclutamiento forzado. Y advierte que ahora los criminales están secuestrando a los adolescentes de los pueblos y ciudades veracruzanas.
«Esto sabe el gobernador Javier Duarte. Él es consciente de lo que está pasando en Veracruz. Le hemos dicho que ya se están llevando a los jóvenes de su estado a otros lados para que trabajen para Los Zetas, pero no ha hecho nada, pese a las denuncias presentadas en las que incluso están involucradas autoridades locales», relata Solalinde.
-Usted ha hablado de que en Veracruz hay fosas clandestinas y que incluso otros sacerdotes le han comentado sobre ese tema- se le pregunta.
-Sí. A los que no aceptan (trabajar para las organizaciones criminales) los matan y los desaparecen; son desechables, pues los sustituyen por otros. Así pasó con los migrantes de San Fernando (Tamaulipas). Algunos sobrevivientes dijeron que habían matado (a sus compañeros) por negarse a trabajar para ellos. Los matan y los entierran en fosas. Seguramente eso está pasando en Veracruz, pero también en el Estado de México.
Señala que han tenido información de que en territorio mexiquense, Los Zetas también plagian a los migrantes para reclutarlos en sus filas. Y, al igual que lo hacen con los jóvenes de Veracruz, los llevan a otras entidades como carne de cañón.
FORO DE DENUNCIA
El padre Alejandro Solalinde adelanta que la delegación de la Relatoría sobre Trabajadores Migratorios y Miembros de sus Familias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA -integrada por el ex presidente español Felipe González; el secretario ejecutivo del organismo internacional, Santiago A. Cantón, y el abogado especialista de dicha relatoría, Álvaro Botero- analizará la denigrante situación que viven los migrantes.
«Todo ha empeorado. Hoy, las extorsiones, secuestros y reclutamiento no sólo afectan a los jóvenes migrantes, también a hombres de cualquier edad y a mujeres. Es una nueva esclavitud, es una catástrofe. Creo que lo único que nos queda es presionar en foros internacionales porque aquí nadie hace caso (a las denuncias)», advierte.
El Informe alternativo sobre protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño elaborado por la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) y presentado a la ONU a finales del año pasado, sostiene que el reclutamiento de menores para el crimen organizado se incrementó de 25 mil y 35 mil en los últimos cuatro años.
De acuerdo con el análisis, hace una década, la edad de los reclutados oscilaba entre los 20 y los 35 años. Ahora, los jóvenes ingresan a las filas de la delincuencia organizada entre los 12 y los 15 años.
El documento señala que de diciembre de 2006 a octubre de 2010, entre mil 60 y mil 200 menores fueron víctimas de la guerra del gobierno federal contra el crimen organizado. Además, se incrementó en 34% el número de arrestos de adolescentes acusados de tener vínculos con organizaciones delincuenciales, portación de armas y delitos contra la salud.
El obispo de la Diócesis de Saltillo, Raúl Vera, también ha denunciado al crimen organizado por el reclutamiento forzado de niños de hasta 12 años en el estado de Coahuila por parte de los Zetas, «para entrenarlos y utilizarlos posteriormente como halcones».
El miércoles 13, al terminar la peregrinación de la Diócesis de Saltillo a la Basílica de Guadalupe, el obispo Vera dijo que algunos de los niños reclutados reciben hasta mil 500 pesos como pago cada semana.
El Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, perteneciente al obispado de la Diócesis de Saltillo tiene registradas 185 desapariciones forzadas en Coahuila, en tanto que las autoridades estatales aseguran que sólo han recibido 219 denuncias de desaparición de personas.
El mes pasado, Vera declaró que el crimen organizado obtiene 50 millones de dólares al año por el secuestro de migrantes que atraviesan territorio nacional. El día 14, en Saltillo, al concluir el taller internacional por el «Derecho a emigrar sin violencia», el obispo manifestó la urgencia de «remover este espantoso calvario que están padeciendo nuestros hermanos migrantes».
Comentó también que en diversos países ha preocupación por la grave situación por la que atraviesan los migrantes indocumentados en territorio nacional durante su itinerario hacia Estados Unidos, aun cuando el gobierno federal les otorgue un estatus migratorio regular durante su estancia en el país; eso se puede lograrse si ellos consiguen una visa o con un acuerdo de supresión de visas entre México y sus países de origen, sobre todo los de Centroamérica, expuso Vera.
Los participantes exigieron que se garantice la seguridad de los migrantes; que se reconozca, garantice y proteja el derecho de defender a los indocumentados, así como a la casa de migrante y a personas defensoras de derechos humanos; así como poner fin a la impunidad de las autoridades y perseguir, consignar y sancionar a los autores de secuestros, masacres, violencia sexual, y otros abusos contra los migrantes.
Además, dijeron que, para enfrentar la ineficiencia de instituciones de procuración de justicia a nivel estatal y federal debe crearse una instancia especializada para investigar los delitos conforme a los estándares internacionales de derechos humanos y que esté contacto permanente con las organizaciones sociales defensoras de los migrantes.
NOTA ANEXA
La nueva caravana
Para denunciar las violaciones, secuestros, extorsiones y reclutamiento forzado de jóvenes, el padre Solalinde organizó dos movilizaciones en los últimos meses.
La primera, llamada Paso a Paso hacia la Paz, fue la del 8 de enero pasado en la ciudad de Arriaga, Chiapas y culminó en el albergue Hermanos en el Camino, en Ixtepec, Oaxaca. Durante el trayecto, en la población de Chahuites, los organizadores se entrevistaron con el gobernador Gabino Cué.
En la segunda, realizada el 8 de mayo, los migrantes centroamericanos cargaron cruces de madera para escenificar el suplicio que significa su paso por México; incluso se unieron a la Marcha por la Paz que encabezó el escritor Javier Sicilia desde Cuernavaca y que terminó en el Zócalo de la ciudad de México.
En esta nueva caravana Paso a Paso hacia la Paz, que desde el sábado 23 avanza hacia México, el padre Solalinde y organizaciones como el Movimiento Migrante Mesoamericano, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, A.C., Nuestros Lazos de Sangre, Familia Latina Unida, Alianza Braceros del Norte, y la Red Migrante y Cultura Migrante congregaron a migrantes de Honduras, El Salvador y Guatemala.
El objetivo es llegar a Ixtepec, Oaxaca, el jueves 28 y realizar ahí varios eventos. Luego, los participantes marcharán a Coatzacoalcos, Veracruz, donde tendrán un encuentro con los integrantes de la relatoría de la CIDH que realizan su segunda visita a México -la primera fue en 2002-, para discutir con ellos sobre los derechos humanos de los migrantes ilegales.
En un comunicado difundido a principios de junio, cuando anunciaron la segunda caravana Paso a Paso por la Paz, los organizadores señalan que el origen de los secuestros de migrantes en México está vinculado con los territorios controlados por el crimen organizado.
Dicen, por ejemplo, que ese delito se observa particularmente en Tamaulipas, Tabasco y Veracruz, donde la delincuencia organizada cuenta con la complicidad de autoridades locales, estatales y federales.
«Lamentablemente, en estos estados, la justicia es una quimera remota, una ambición atrincherada, el espejismo de una democracia fallida. Es en estas tierras en las que ocurren los secuestros masivos en contra de la población migrante, siempre bajo la opacidad de una autoridad omisa, insensible y sin vocación ni preparación para enfrentar al crimen organizado».
En su documento, señalan que el estado «pionero» de esta situación es Veracruz, que se ha convertido en lugar de referencia en cuanto a secuestros y agresiones cometidas en contra del flujo migratorio en tránsito por sus localidades.
También denuncian que la población civil de ese estado se encuentra paralizada por la impunidad pues las autoridades dejaron de lado su tarea de velar por el bienestar social y la procuración de justicia. «El simple hecho de pronunciar la palabra zeta puede ser motivo de persecución, extorsión e incluso la muerte», advierten.
Los Zetas, exponen, obtienen ganancias millonarias mediante el secuestro masivo de los migrantes cuya penuria obliga a viajar en trenes de carga; lo que se traduce en la multiplicación de cementerios escondidos, fosas resguardadas en el olvido y cadáveres sepultados en la deshonra del gobierno mexicano.
«La masacre de nuestros hermanos centroamericanos es evidente. Por los más de 10 mil secuestros cada seis meses, las familias residentes en Estados Unidos y Centroamérica han pagado el precio de la incompetencia gubernamental y la cotidiana corrupción que abruma al país».
Exponen que la segunda caravana Paso a Paso Hacia la paz constituye un esfuerzo por frenar y difundir a nivel internacional la innegable realidad de los secuestros de migrantes en tránsito por México; e insisten en que el gobierno de Veracruz no hace nada por frenar los secuestros y reclutamiento forzado de migrantes y población juvenil.
Por ello, advierten, ese tramo de la caravana Paso a Paso Hacia la Paz constituye un riesgo necesario porque el gobierno de Veracruz ha negado sistemáticamente los secuestros:
«No hay información sobre servidores públicos que hayan sido procesados por sus nexos con el crimen organizado -dicen-, salvo un agente municipal y algunos centroamericanos. Sin embargo, nunca se han levantado cargos contra los líderes de la delincuencia organizada ni contra los funcionarios de gobierno que, por comisión y omisión, han permitido el secuestro».