Democracia deliberativa

Rubén Aguilar Valenzuela

Los diputados preguntan, cuestionan, disienten y el gobernador responde a cada una de las intervenciones. Lo que parece imposible se hace realidad; el diálogo directo y constructivo entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. La ley obliga sólo a la entrega del informe por escrito, pero el gobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdez, por segunda ocasión -lo hizo también en su informe anterior- decide comparecer y dialogar con los integrantes del Congreso local.

El 30 de noviembre pasado, en Saltillo, me tocó ser testigo de este ejercicio republicano que es único en el país, y muestra las enormes posibilidades que tiene el intercambio directo entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Una semana antes, el gobernador hizo llegar el informe a las y los diputados, para que al momento de reunirse conocieran su contenido y con base en el mismo pudieran disentir, cuestionar o preguntar. Las y los legisladores hicieron su tarea.

En 1:15 horas, el gobernador sintetizó el documento escrito y luego los siete partidos representados en el Congreso, tres estatales y cuatro nacionales, vía su portavoz, preguntaron y cuestionaron al gobernador, que les respondió puntualmente. El intercambio de la primera ronda duró 2:15 horas y la segunda 1:15 horas. En esta ocasión intervinieron cinco de los representantes partidarios. En total 3:30 horas de diálogo civilizado.

Los partidos que integran la LIX Legislatura del Congreso de Coahuila son: Partido de Unidad Democrática de Coahuila (PUDC); Partido Primero Coahuila (PPC); Partido de la Social Democracia de Coahuila (PSDC); Partido Nueva Alianza (PANAL); Partido Verde Ecologista de México (PVEM); Partido Acción Nacional (PAN) y Partido Revolucionario Institucional (PRI). Los legisladores de los distintos partidos reconocieron que había logros en la mejora de la seguridad, el saneamiento de las finanzas públicas, el crecimiento de la economía y la inversión nacional y extranjera, el aumento del empleo y su formalidad, la ampliación de la cobertura escolar del bachillerato y la universidad. Se hizo también referencia al respeto a los derechos humanos, la trasparencia y la rendición de cuentas.

Al gobernador se le cuestionó e hicieron preguntas sobre el origen de la deuda adquirida por el gobierno anterior, el resultado de las investigaciones sobre el supuesto manejo fraudulento de la misma, la corrupción de funcionarios, la calidad de la educación, la evaluación de los maestros, las pensiones del magisterio, las implicaciones que puede tener para el Estado la explotación del gas shale, la creación de una fiscalía autónoma, el sistema de justicia y la lucha contra el crimen organizado.

El gobernador, a cada intervención -el representante del PAN hizo la más crítica y mejor formulada- respondió con información precisa. Nunca evadió los cuestionamientos. En las seis horas que duró la comparecencia, que siempre mantuvo la atención de los asistentes, reinó un ambiente de respeto mutuo y distención. El gobernador, al final, mencionó la importancia que para un gobierno tiene la oposición, porque lo obliga a evitar abusos y hacer mejor las cosas. Esta experiencia debería repetirse en todos los estados y también en el ámbito federal.