Colombia: ¿“pirata” o “gato bravo” del Caribe?
Con la habitual prepotencia colombiana, el militar y ex canciller Julio Londoño se lanza un refrito de posiciones ya conocidas en cuanto al fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que devolvió a Nicaragua más de 90 mil km cuadrados de territorio en el mar Caribe.
Hay voces en Colombia que todavía alientan a no aceptar oficialmente el fallo del 19 de noviembre de 2012, pese a que en la práctica ya fue aceptado. Algunos militares de ese país han reaccionado “a la loca” ante la decisión del gobierno de Venezuela de establecer límites marítimos entre Colombia y Venezuela sobre el área en disputa, con la intención de fortalecer su sistema defensivo naval.
Recientemente, el ministro colombiano de Defensa, Luis Carlos Villegas, quien el lunes pasado tomó posesión de su cargo, visitó en un “ejercicio de soberanía” el archipiélago de San Andrés y Providencia, en donde revisó la situación fronteriza de su país en el Caribe. Hasta ahí no hay problema.
Sin embargo, según la agencia Efe “Villegas, que hasta antes de asumir el cargo era embajador de Colombia en Estados Unidos, también sobrevoló el Meridiano 82, que marca la frontera con Nicaragua, informó su despacho”.
El fallo de la CIJ dejó en claro que el meridiano 82 nunca fue frontera de Colombia con Nicaragua, a como antojadizamente hiciera creer la nación sudamericana.
¿De dónde surgió el absurdo del meridiano 82? Daniel Salgar Antolínez, un periodista colombiano con estudios sobre derecho internacional y los litigios de su país, lo expuso claramente en un artículo en mayo de 2014.
“En 1969, a raíz de la autorización dada por Nicaragua para hacer exploraciones petroleras al oriente del meridiano 82, funcionarios del gobierno le recomendaron al presidente Carlos Lleras Restrepo que, ante esas pretensiones, tal vez se podría defender el meridiano como frontera marítima, pues éste era mencionado en el acta de canje de 1930 del tratado Esguerra-Bárcenas (firmado en 1928 con Nicaragua), en la que se decía que el archipiélago de San Andrés no se extendía al occidente del meridiano 82.
“Esa posibilidad fue acogida por el presidente y quedó formalizada en una nota del 4 de junio de ese año, en la que el gobierno colombiano le recordó a Managua que el meridiano 82 era el límite entre ambos países, lo cual fue rechazado por el vecino centroamericano. Esa posibilidad, además, se convirtió desde entonces en una defensa continua y sostenida por los siguientes gobiernos, por lo menos hasta 2007. No obstante, durante todos esos años la inmensa mayoría de asesores de Colombia en la materia advirtieron que el meridiano no estaba formalmente establecido en el Esguerra-Bárcenas como límite marítimo.
“En 1996 el Gobierno se asesoró de tres prominentes abogados internacionalistas. Neville Maryan-Green dijo que sería inteligente que, si las circunstancias políticas lo permitían, las autoridades colombianas comenzaran a preparar a la opinión pública del país sobre la posibilidad de que alguna de las áreas marítimas que se encontraban bajo su jurisdicción pudieran perderse. Prosper Weil, sir Arthur Watts y Santiago Torres Bernárdez, sin comunicarse entre sí y de escuelas diferentes, fueron enfáticos en que el meridiano no era límite. “Era contrario a toda evidencia y a las normas del derecho internacional. Eso lo repitieron luego todos los asesores durante el caso.
“Pero después de que Colombia había hecho presencia durante décadas hasta ese meridiano y había trazado sus mapas en el Caribe con ese límite, era estratégicamente recomendable defenderlo como una frontera. Estas recomendaciones, así como la fragilidad del planteamiento del meridiano 82, fueron bien conocidas y aplicadas por los gobiernos de turno. Defender esa “frontera” fue una política de Estado cuyo resultado, visto por algunos como una pérdida y por otros como un triunfo, fue la delimitación marítima que hizo la CIJ entre Nicaragua y Colombia mediante el fallo del 19 de noviembre de 2012.
“Al gobierno del presidente Álvaro Uribe le tocó, el 13 de diciembre de 2007, el comienzo del fin del mito del meridiano 82. La CIJ, en el fallo sobre las excepciones preliminares del diferendo entre Nicaragua y Colombia, decidió que el meridiano no constituía una frontera marítima. Ese detalle pasó casi desapercibido en medio de la victoria colombiana porque, en esa misma sentencia, la Corte determinó que a Colombia le pertenecían las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, sobre las que Managua reclamaba soberanía.
“Desde entonces se supo, aunque tal vez no se divulgó lo suficiente, que la CIJ iba a decidir los nuevos límites en el mar y la soberanía sobre otros siete cayos del archipiélago. El fallo final le correspondió al gobierno de Juan Manuel Santos. La Corte trazó una frontera marítima muy distinta al meridiano 82 y le dio a Colombia soberanía sobre el resto de formaciones en disputa.
“En Colombia hubo muchas reacciones en las esferas políticas y jurídicas y entre la opinión pública. Hay un sector de académicos, abogados e internacionalistas que aún defienden el meridiano como frontera marítima, incluida en el Esguerra-Bárcenas por petición del gobierno y el Congreso nicaragüenses, y dicen que la CIJ actuó más allá de sus competencias, violó tratados limítrofes y abrió así una caja de Pandora de potenciales pleitos entre estados vecinos del Caribe.
“El meridiano 82 no era el único límite que carecía de una estabilidad jurídica consolidada antes del fallo. El tratado Fernández-Facio fue firmado con Costa Rica el 17 de marzo de 1977 e incorporado a la legislación colombiana en 1978, pero jamás fue ratificado por San José, porque lo consideraba lesivo para sus propios intereses en el Caribe. Cuando fue firmado, el tratado generó rechazo entre los costarricenses, que veían afectados sus derechos marítimos, los cuales irían más allá de lo pactado con Colombia. El gobierno colombiano inició una gestión política hacia Costa Rica para lograr la ratificación, pero sólo se consiguió mantener las buenas relaciones. Mientras tanto, sin embargo, se trazaron en el mapa los límites con Costa Rica como si estuvieran legalmente establecidos.
“El tratado Ramírez-López con Honduras se firmó en 1986 y ese país se negó a ratificarlo durante 13 años. En realidad, a quienes correspondía hacer una delimitación en esa área era a Honduras y Nicaragua, por sus costas adyacentes. Y estuvieron a punto de hacerlo. Trazar esa línea, cualquiera que fuera, implicaba que todas las áreas al sur de ella eran de Nicaragua y al norte (incluyendo Serranilla y Bajo Nuevo) eran de Honduras. Sin embargo, ambos países estuvieron a punto de entrar en guerra y los hondureños resolvieron negociar con Colombia y firmar el tratado.
“Una parte de la sociedad hondureña y varias figuras políticas de ese país rechazaron el tratado, porque sentían que violaba sus derechos marítimos y acababa con sus pretensiones sobre Serranilla, que incluso había sido incluida en el artículo 10 de la Constitución hondureña de 1982. Sin embargo, en 1999, Honduras lo ratificó.
“El rechazo de Nicaragua fue inmediato. Interpretaron como un ultraje la firma de un tratado en el que el meridiano 82 aparecía como la frontera de Colombia con Nicaragua y en el que se reconocía el paralelo 15 como la frontera marítima entre Honduras y Nicaragua. Según informes de la Cancillería nicaragüense, “a través del tratado López-Ramírez, Honduras y Colombia, en abierta contravención del ordenamiento jurídico internacional, se reparten entre sí una extensa porción del territorio de Nicaragua en el mar Caribe, pretendiendo reducir a la mínima expresión su plataforma continental, mar territorial y zona económica exclusiva y lesionando sus territorios insulares”.
“Antes del canje de los instrumentos de ratificación del Ramírez-López, Managua demandó a Honduras ante la CIJ y pidió la delimitación de una frontera única entre las aguas territoriales, la meseta continental y las zonas económicas de exclusión que Nicaragua y Honduras tienen en el mar Caribe. Por eso, dicen las fuentes, ese tratado “se volvió contencioso antes de que entrara en vigor. No obstante, desde 1986, cuando se firmó, los mapas de Colombia se dibujaron hasta allá”. El 8 de diciembre de 2007, la CIJ emitió una sentencia en el diferendo entre Nicaragua y Honduras, con la cual estableció una nueva frontera entre ambos países, distinta a la que había quedado configurada a través del Ramírez-López.
“Además de estos tres tratados valdría la pena examinar si el fallo afectó o no otros, como el Liévano-Boyd con Panamá; el Sanín-Robertson, por el cual se acordó un “área de régimen común” con Jamaica en los cayos de Serranilla y Bajo Nuevo, y el Vázquez-Saccio, con EE.UU, por el cual se llegaron a acuerdos de pesca en los cayos de Quitasueño, Roncador y Serrana.
“Pero basta mirar las “fronteras” con Nicaragua, Costa Rica y Honduras, que fueron durante décadas tomadas como una jurisdicción marítima consolidada de Colombia, para hacerse una idea de por qué el fallo de la CIJ generó un sentimiento de “pérdida” entre los colombianos. Las fuentes lo reiteran: “para definir cuál es ‘la pérdida’ habría que conocer la extensión original del área que se tenía antes del fallo. Al no existir límites consolidados jurídicamente con Nicaragua al occidente, con Honduras al norte y con Costa Rica en el suroeste, resulta imposible establecer el área marítima a partir de la cual se pudiera medir lo que se perdió. Las cuentas son ficticias y las podemos hacer entre nosotros, pero no ante la Corte”.
“¿De dónde salió esa cifra de 75.000 km² que supuestamente perdió Colombia y que muchos medios, incluido El Espectador, repiten constantemente? Lo que “perdió” Colombia no fue una porción de mar sino la ilusión, sostenida desde 1969, de que el meridiano era un límite legalmente establecido. Lo que sí está claro es que con el fallo final el archipiélago de San Andrés quedó con un área marítima de 140.000 km² y que Colombia tiene hoy el 64% del Caribe occidental. “Seguimos siendo la reina del Caribe”, decía en una entrevista con este diario Julio Londoño, el principal negociador de Colombia con todos los vecinos caribeños y el defensor del país en el caso contra Nicaragua”, señala el periodista colombiano.
Temas pendientes con Nicaragua
Ese mismo Londoño, en defensa de su salario y prebendas, señala ahora que las fronteras marítimas entre Nicaragua y Colombia no han sido acordadas mediante un tratado, “a pesar del fallo emitido por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en 2012, en el cual estableció esas fronteras. En la CIJ están en curso otras dos demandas presentadas por Managua. El 16 de septiembre de 2013, Nicaragua presentó una demanda en contra de Colombia en relación con, según la Corte, “una controversia concerniente a la delimitación entre, por un lado, la plataforma continental de Nicaragua más allá del límite de las 200 millas náuticas contadas desde las líneas de base, a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial de Nicaragua, y por el otro lado, la plataforma continental de Colombia”.
“Hay una segunda demanda de Nicaragua en curso, presentada en 2013 y relativa a supuestas violaciones por parte de Colombia (que incluyen presuntas amenazas y uso de la fuerza) contra los derechos nicaragüenses sobre el área marítima que le fue concedida a Managua con el fallo de 2012. El plazo para que ambos estados presentaran memoria (Nicaragua) y contramemoria (Colombia) sobre este caso se cumplió el pasado 3 de junio”.