Salvadoreños huyen hacia Nicaragua y otros países
Xenia González Oliva
Los salvadoreños ya no tienen derecho al duelo. El asesinato de un ser querido a manos de las pandillas es el inicio de un desolador camino que los llevará a dejar su hogar, amigos, familia y país para poder huir de la muerte.
En algunos casos el desplazamiento forzado de una familia comienza con una amenaza; con la constante exigencia de un pago para evitar ser atacados.
Para otros, llega con la desaparición de un familiar, un padre, una hermana, un hijo y luego recibir el anuncio de que ellos serán los siguientes. No faltan casos en los que más de un miembro de la familia es asesinado y, con el desconsuelo a cuestas, a los sobrevivientes no les queda más que dejar El Salvador para salvar sus propias vidas.
La crisis de familias desplazadas por la violencia de las pandillas ha tomado más fuerza durante los últimos años e incluso ha comenzado a modificar los patrones de migración de los salvadoreños. Mientras que Estados Unidos y México siguen siendo los principales destinos de los salvadoreños que buscan oportunidades para mejorar su situación económica o para la reunificación familiar, para las personas que huyen de la violencia Nicaragua, Costa Rica y Panamá, se han convertido en opciones para solicitar refugio y conseguir la seguridad de la que carecieron en El Salvador.
El pasado 19 de octubre, organizaciones que conforman la Mesa de Sociedad Civil sobre Desplazamiento Forzado por Violencia y Crimen Organizado (“La Mesa”) presentaron un informe sobre la situación en El Salvador ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
A través de datos obtenidos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) destacaron que, entre los años 2009 y 2014, un total de 45,526 salvadoreños recibieron el estatuto de refugiado en países de América y Europa.
El aumento de peticiones era evidente en dicho lapso. En 2009 se mantenían pendientes 9,751 solicitudes de refugio; al tiempo que 5,051 refugiados habían logrado obtener ese estatus.
Para 2014, un total de 10,969 salvadoreños habían recibido el estatus de refugiado; mientras que al mismo tiempo había 18,037 solicitantes de refugio con casos pendientes.
El aumento de refugiados respecto a los de 2009 era del 117%, mientras que el de solicitantes era 85% mayor.
Los datos evidencian un incremento de las solicitudes de refugio de salvadoreños a otros países de Centroamérica durante el año pasado. Los casos pendientes de respuesta y salvadoreños con estatuto de refugio eran de 27,155 en Norteamérica, pero también comenzaban a concentrarse 1,241 casos en Centroamérica. Según ACNUR, Costa Rica tenía 478 casos, Panamá 335 y Nicaragua 223. En países de Europa los casos eran 536, principalmente en Italia con 184 y Suecia con 155.
Los nuevos refugios
Solo entre agosto de 2014 y septiembre de 2015, La Mesa ha atendido a 510 víctimas del desplazamiento forzado. Las víctimas se movilizaron dentro del país, pero al menos el 80% de los casos buscaba irse.
“La unidad técnica del sector justicia nos ha pedido apoyo, específicamente para apoyarles a salir del país. Es complicado, porque nos toca valorar en qué caso hay un riesgo real de que la persona pueda ser asesinada, pero es bien difícil ver qué caso es más grave o qué otro”, expresó una abogada del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA).
El homicidio de un familiar y amenazas son las principales causas del desplazamiento, acumulando un 62% de los casos entre ambos factores. Entre los casos ha habido familiares de policías asesinados, que ni por ese motivo han logrado conseguir resguardo.
Muchos no pueden esperar, ni siquiera con el acompañamiento de entidades como el IDHUCA y la Iglesia Católica, y salen del país por su cuenta.
En los últimos meses, países como Nicaragua han registrado un incremento de casos de salvadoreños que llegan a pedir asilo o refugio.
Quienes tienen la posibilidad, venden sus pertenencias y salen como una familia de vacaciones hacia los países vecinos, pero al llegar inician el proceso para solicitar refugio.
Otras familias se ven obligadas a dejarlo todo y deciden ingresar al sur de Centroamérica por puntos ciegos en las fronteras. Estas terminan quedándose de forma irregular, sin ninguna protección ante el temor de que rechacen sus solicitudes de refugio.
En Nicaragua, Costa Rica y Panamá, el Servicio Jesuita para Refugiados ha estado recibiendo salvadoreños que han huido de la violencia y solicitan resguardo.
Cinco meses atrás, el Servicio Jesuita para Migrantes de Nicaragua comenzó a registrar un aumento alarmante de salvadoreños que pedían refugio.
“Son familias completas que producto de la violencia que están viviendo, el acoso generalizado que existe para sus hijos y para sus familias, ya no tienen de otra”, expresó la directora del SJM de Nicaragua, Lea Montes.
Las familias que están recibiendo en Nicaragua tenían pequeños negocios en El Salvador y cuentan sus luchas para sobrevivir en la economía salvadoreña; los meses, e incluso años, teniendo que pagar cuotas por extorsión a las pandillas. “La población que se está viniendo aquí es la más vulnerable”, manifestó Montes.
Aunque hay familias que llegan con fondos o ya tienen conocidos en Nicaragua, Montes dijo que también hay casos que han necesitado de ayuda humanitaria para poder alimentarse y tener un lugar donde vivir.
“Es bastante lastimosa la situación de las personas que están migrando sin ninguna ayuda económica en busca de guardar y salvar su vida”.
Pero el aumento de casos también conlleva la alarma de que se desborde la capacidad de atención de Nicaragua. “Vemos con preocupación que el gobierno pueda limitar estas solicitudes de refugio porque, en comparación a años anteriores, ahora es mayor”, consideró Montes.
La única opción, huir
Aunque los desplazamientos internos también siguen en aumento, moverse de un departamento del país a otro implica apenas una sensación de seguridad parcial, sino un acto inútil. Organizaciones como el IDHUCA y la fundación de la Iglesia Católica, Cáritas, han comprobado que la organización de las pandillas dentro del país se ha vuelto tan precisa que les es fácil encontrar a una persona amenazada aunque haya huido a otra zona.
“Hemos tenido más de un caso que se refiere de una parroquia a otra parroquia, en otro departamento, pero la situación es tan grave, y tanto seguimiento a los casos le dan las pandillas, que saben a dónde se ha ido”, expresó Antonio Baños, director de Cáritas El Salvador.
El caso que marcó el involucramiento del IDHUCA con el tema del desplazamiento forzado fue el de la familia de Alison Renderos, asesinada en 2012.
La familia de la joven atleta tuvo que sobrellevar la noticia de que fueron las amigas de Alison quienes la entregaron a pandilleros para ser torturada y asesinada con la amenaza de que sus hermanas serían las siguientes.
Fue la misma Fiscalía General de la República la que llevó el caso al IDHUCA para que auxiliara a la familia.
“Era necesario que estas personas salieran del país”, manifestó una de las abogadas que atendió el caso (su identidad se omite por protección).
La familia completa huyó. Desde entonces, casos similares siguen llegando al IDHUCA.
“Esos niveles de violencia tanto en crueldad como en cantidad han ido en aumento. No es algo que allá al tiempo se ve un caso así, lo estamos viendo de forma más continua”, señaló la abogada.
En el río Acelhuate una madre encontró a su hija desaparecida. La niña de 15 años había muerto estrangulada. Días antes, pandilleros de la colonia donde vivían se habían llevado al hermano de 8 años de la niña, lo soltaron no sin antes hacerle preguntas sobre su hermana.
Después de encontrar el cuerpo de su hija la madre solo tenía la certeza de que tenían que huir. Los asesinos eran vecinos de la familia y habían crecido al lado de sus hijos.
El caso también fue atendido por el IDHUCA, instituto que suele brindar la respuesta que las instituciones del Estado no logran dar a las víctimas de la violencia. Ni al realizar una denuncia hay opciones de protección. “Solo toman la denuncia, pero esas personas van huyendo, quieren protección inmediata, quieren irse de donde viven, quieren que sus hijos sean protegidos, pero nadie, nadie de parte del Estado les está dando la protección”, relató la abogada.