Colombia y el “síndrome de Pablo Escobar”
No hace falta que Colombia reconozca o no la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya. Cuando el máximo tribunal del planeta llame a juicio, éste se celebrará estén o no presentes los colombianos.
Y la decisión que se tome, afectará a Colombia, pese a la arrogancia de sus máximas autoridades que haciendo las del avestruz, han cerrado filas ante el llamado de Santos a no volver a presentarse en La Haya, como si eso fuera a salvarlos del fallo final.
Si no fuera por lo peligroso de la situación, sería hasta gracioso el comportamiento de los gobernantes de esa gran nación que es Colombia. Van a juicio con la certeza de que le ganarán a Nicaragua porque son un país más grande y porque tuvieron dinero para pagar -según ellos-, el dream team del derecho internacional.
Las sonrisas de seguridad, las declaraciones cargadas de soberbia volvieron a convertirse en semblantes humillados y gritos histéricos de llamados guerreristas que pretenden impedir que el pueblo colombiano les pase factura por los tantos embustes que les han metido.
Si el actual o anteriores gobiernos de Colombia hubieran explicado a sus ciudadanos que el meridiano 82 nunca fue frontera oficial con Nicaragua y que nuestro país tiene derecho a buscar una plataforma continental extendida sin que constituya esto un delito o un gesto de animadversión contra los colombianos, otra sería la historia.
Sin embargo, en el país de Gabo consideran que los pleitos los debe ganar siempre el matón del barrio, que es la mentalidad que parece haber anidado en las autoridades de la nación sudamericana afectadas por una especie de “síndrome de Pablo Escobar”, el capo que tomaba por la fuerza todo aquello que deseaba.
Pese a que en 2012 la CIJ determinó que a Nicaragua le correspondían más de 90 mil km cuadrados de mar Caribe que Colombia usurpaba desde hacía mucho, la actitud del presidente colombiano fue descocer a los jueces a cuya decisión se había sometido como jefe máximo de una nación dizque civilizada que había dejado atrás o al menos intentaba olvidar la maldita herencia de Escobar.
En la actualidad, Colombia lucha a un alto costo por hacer olvidar al resto del mundo los temores que suscitaban cada uno de sus ciudadanos cuando arribaban a algún aeropuerto internacional, en el caso de aquellos países que les permitían el ingreso.
Un gran despliegue de anuncios en canales internacionales de televisión pregona las bondades de la población de Colombia –la mayoría son buenas personas-, y las bellezas efectivamente alberga la nación sudamericana.
La idea es rescatar el respeto por Colombia y sus ciudadanos, para lo que cuentan con el apoyo decidido de su gran protector, los Estados Unidos de Norteamérica.
Pero actitudes como la asumida después del fallo de 2012 y el actual de 2016, no abonan en nada a que Colombia sea respetada. ¿Quién ve con buenos ojos a aquél que se comporta como delincuente o peor aún, se convierte conscientemente en un delincuente por la simple razón de que considera que puede hacer lo que quiera?
Ser un país donde impera el poder del narcotráfico no difiere mucho de ser uno donde los gobernantes enseñan a sus ciudadanos que las decisiones de la Corte Internacional de Justicia, a las que se sometieron voluntariamente a través de un pacto firmado en su propio país, valen tanto o menos que papel sanitario usado.
Ante la falta de argumentos jurídicos en los enfrentamientos anteriores, Colombia, un país de 49 millones de habitantes ha salido por la puerta de atrás ante Nicaragua, una nación con apenas 6 millones y cuyos ingresos económicos per cápita están a una distancia sideral de los del país sureño. ¿No es hora acaso de aceptar que no tienen la razón y que la justicia asiste a la pequeña nación centroamericana?
Pese a las presiones internas a los medios de comunicación colombianos, existe conciencia entre los más decentes de que tras el reconocimiento de la CIJ de que tiene competencia para revisar las peticiones de Nicaragua, su país queda prácticamente contra la pared en términos jurídicos.
Semana.com, ha señalado:
“Por estas dos demandas, Colombia ha buscado salirse del Pacto de Bogotá, que es el que reconoce la competencia del Tribunal de la Haya. El país no quiere volver a arriesgarse a un litigio en ese tribunal. Por eso, la decisión de este jueves es un gran revés, pues la Corte reconoció que sí tenía competencia para analizar esas nuevas peticiones de Nicaragua. El presidente Santos anunció que no comparecerá ante la Haya, sin embargo, no explicó que ese alto tribunal puede decidir sin su presencia.
“En este nuevo escenario, Colombia queda en un panorama internacional muy complejo. Por un lado, el país pide que Naciones Unidas, a través de su Consejo de Seguridad, verifique el proceso de paz. Por el otro, rechaza la competencia de la corte internacional, insignia de ese mismo organismo. Como según las normas de esa corte, el proceso puede seguir así una de las partes no asista para defenderse, lo más seguro es que el debate de La Haya pueda durar muchos años y traer muchos dolores de cabeza”.