Una decisión inconveniente
Enrique Gaviria Liévano*
Mientras los partidos políticos y los expresidentes de la República respaldan al unísono la decisión del presidente Santos de no concurrir a la Corte Internacional de Justicia para atender las dos demandas instauradas por Nicaragua, el resto del país y en especial la Academia rechazan esa posición por inconveniente. En nuestro sentir, fue una decisión precipitada y un tanto emocional, sin estudiar a fondo el contenido del fallo del pasado 17 de marzo, negándole a Colombia todas las excepciones preliminares presentadas sobre la competencia de la Corte. De su lectura se infiere que los argumentos de Colombia fueron débiles al argüir la falta de competencia de la Corte.
Endilgarle a la Corte la responsabilidad sobre los fallos adversos a Colombia es la mejor manera de evadir la responsabilidad de quienes intervinieron en nuestra defensa. Al país le ha ido mal en los fallos de la Corte no por su culpa, sino por falta de una estrategia adecuada de la Cancillería, y además designando como agentes o representes de Colombia ante La Haya a personas muy destacadas en otras disciplinas, pero no en el campo del derecho internacional, que es lo esencial en los procesos sobre delimitación marítima. Prueba de ello es el desastroso resultado del reciente fallo.
No vamos a referirnos a las cinco excepciones preliminares presentadas por Colombia para objetar la competencia de la Corte, pero sí a acotar que las dos principales excepciones, referidas respectivamente al efecto inmediato de la denuncia del Pacto de Bogotá y a la cosa juzgada o ‘res judicata’, en relación con el fallo del 2012 sobre la pretensión de Nicaragua a una plataforma continental extendida, no podía prosperar. La primera, porque el mismo pacto dispone que ella produce efecto solo después de un año de ser notificado, y no es posible darle otra interpretación; y la segunda, de cosa juzgada, porque no es cierto que la Corte hubiera decidido de fondo en el fallo del 2012 sobre la plataforma extendida. Lo que hizo fue aplazar su decisión hasta que Nicaragua presentara las pruebas respectivas. Otra cosa es que Nicaragua presentara posteriormente pruebas según la sentencia y que Colombia no las hubiera objetado, y además, que la Corte las hubiera admitido. Pero, señor Gobierno, hay que estudiar el fallo.
Por otro lado, no entiendo bien las reacciones que ha habido de expresidentes y embajadores que denigran de la Convención de Naciones sobre el Derecho del Mar de 1982, que representa un triunfo en muchos aspectos de la posición colombiana en la tercera Conferencia de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (1974-1982) y que, sin embargo, nos ufanamos de no pertenecer a ella cuando 167 Estados ya la han ratificado. Al respecto dice el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, que la Convención del Mar de 1982 “es el más significativo y visionario instrumento del siglo XX, y refleja el derecho internacional consuetudinario”.
Es hora de que reconozcamos nuestros errores con humildad y sin soberbia. Ya es suficiente con lo que hemos perdido para que suframos una tercera derrota. Pensamos que la estrategia del Gobierno de abstenerse de asistir a la Corte no es la mejor solución, como que en dos palabras nos deja a merced de Nicaragua. No olvidemos que el mismo estatuto de la Corte prevé que cuando un Estado se abstiene de asistir, la contraparte puede solicitar que fallen a su favor.
Por todas estas y otras razones, interpretando el querer de muchos colombianos, le solicitamos al señor Presidente que revoque su decisión, y más bien preparémonos para estructurar una estrategia jurídica que garantice la mejor defensa de la plataforma del Archipiélago de Estado de San Andrés y Providencia, que está en riesgo.
* Colombiano experto en Derecho Internacional.
Tomado de El Tiempo.