Colombia utiliza a raizales para presionar a la CIJ
Dirigentes raizales del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, empezaron a esgrimir un argumento que Colombia ha madurado durante varios años tras la derrota sufrida ante Nicaragua en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en 2012: echar a pelear a los habitantes de las islas ante la imposibilidad de revertir el fallo.
El asunto es sencillo. Ahora resulta que ni Colombia ni Nicaragua tienen derecho a pelear por territorios que no les pertenecen. Los dirigentes raizales que actualmente salen proclamando una especie de autonomía, aceptaron de buena gana que la nación sudamericana los representara, no obstante, la derrota y la nueva estrategia colombiana los hace presentar las cosas de otra manera.
En entrevista a colombiaplural.com, Ofelia Livingston, lideresa raizal integrante de la Autoridad Raizal Transitoria, señala que “ni Nicaragua, ni Colombia tienen derecho a estar peleando algo que no es de ellos. Ninguno de los dos tiene derecho a pelear algo que nuestros ancestros nos dejaron”.
Hace cuatro años Colombia perdió soberanía legal sobre más de 90 mil km2 de territorio marítimo que había usurpado y le fueron devueltos a Nicaragua, que sin embargo tuvo que aceptar la pérdida del archipiélago motivo original de la disputa.
“Si seguimos así, con una Colombia que no quiere reconocernos frente a estos litigios, de que Colombia va y firma convenios, sin consultarnos, sin hablar con nosotros, no sé en realidad que va a pasar. Nosotros no hemos perdido, el que ha perdido es Colombia, porque nuestros territorios ancestrales nunca los podemos perder”, afirma Livingston con toda tranquilidad.
Pero no es doña Ofelia tan neutral como pretende aparentar, pues obviamente, se inclina por defender a Colombia, país al que se siente más cómoda de pertenecer.
Un reciente diagnóstico hecho por el Grupo de Biología de la Universidad Nacional, de Colombia, señala que luego de recorrer los mares que rodean el territorio y hablar con los habitantes de la zona que comprende desde Urabá hasta La Guajira, concluyeron que hoy habría hasta tres veces menos peces en sus aguas nacionales que en la década de los 70.
Mario Rueda, coordinador de programas de investigación del Invemar, dijo en 2015 que en el caso de las autoridades pesqueras, “Colombia ha hecho la tarea a medias. Durante décadas, este tema no ha tenido una atención adecuada.
“El Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura (Inpa) era el encargado de desarrollar programas de repoblamiento de peces y capacitación a los pescadores, pero fue liquidado por el Ministerio de Agricultura en el 2003. Desde entonces ha pasado por varias entidades que causaron inestabilidad institucional, por lo que no hay datos precisos”, explica.
Pese a lo anterior, los dirigentes raizales intentan culpar a Nicaragua por el daño que han hecho los colombianos. Germán Celis Gordon, miembro de la organización raizal AMEN SD, asegura que sus “artes de pesca son diferentes a las de Nicaragua. Nosotros llevamos un proceso de preservación de estas áreas marítimas, con el fin de que los recursos naturales, lo que es la pesca de langosta queremos que perdure a través de los tiempos para las futuras generaciones.
“Nosotros pescamos con artes más sanas, Nicaragua pesca con buzos y son más depredadores. Ellos se apoderaron de esa parte del mar y están acabando con todo lo que nosotros ya habíamos preservado”, dice sin sonrojarse.
“Si Colombia no menciona al pueblo raizal, entonces La Haya no se va a enterar, no va a saber nunca que hay un pueblo indígena, tribal, que lleva más de 400 años en este territorio”, argumenta Celis Gordon. El pueblo raizal de las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina posee como lengua materna el Creole, una lengua criolla de léxico predominantemente angloparlante; su cultura es producto de un híbrido de expresiones afrodescendientes, anglosajonas y antillanas, y poseen prácticas espirituales basadas en la creencia Bautista.
La publicación colombiana admite que de hecho, las configuraciones culturales y familiares del pueblo raizal son compartidas con los pueblos “creole” que viven en las costas del mar Caribe en Nicaragua. “El pueblo raizal y el pueblo creole fueron divididos por las dos naciones, Colombia y Nicaragua. En sí, el pueblo creole del lado de Nicaragua, pesca de manera artesanal también, y eso va de acuerdo con nuestras artes de pesca. Lo que pasa es que el Gobierno de Nicaragua entrega concesiones a multinacionales y ellos vienen con sus métodos depredadores”.
Hasta hace poco, grandes empresas colombianas depredaban las especies y pese a que pocos estudios han sido dedicados a analizar el estado de los recursos marinos de ese país, se sabe que las poblaciones de aproximadamente 650 especies han disminuido en los mares de Colombia. Incluso, observaciones realizadas en la península de La Guajira comprueban que la biomasa de peces es la mitad de la que existía hace 30 años, según publicó El Tiempo.
Aunque no se tienen cálculos precisos para cada especie, las que han presentado mayor reducción son las más utilizadas para la explotación comercial, especialmente los meros, los pargos, los róbalos y los tiburones, además de las langostas y camarones.
En décadas anteriores, los pescadores escogían las especies que se vendían mejor y despreciaban otras que no eran de gran interés, pero con el progresivo agotamiento han recurrido a lo que va quedando. “Peces que antes se desechaban en las playas porque eran considerados casi que inservibles (como el sable y el pez loro) se consumen y se venden hoy en día”, explica García.
Según la descripción de los propios pescadores, el declive en las capturas, el aumento en las distancias recorridas para llegar a los caladeros de pesca, la reducción del tamaño de los peces y el creciente esfuerzo responden a la escasez de los recursos marinos y al escenario de crisis en la pesca que empieza a notarse en el Caribe colombiano. ¿Quiénes han causado entonces el daño en el Caribe?
Problemas locales
El Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina tienen además múltiples problemáticas por resolver. El tema de la sobrepoblación es uno de los más críticos para los raizales, como lo sustenta Germán: “Hay muchas personas viviendo hacinadas en la isla de San Andrés. Eso trae condiciones sanitarias muy graves, trae un deterioro al ecosistema, toda vez que esta es una isla frágil y urge que el gobierno atienda esta problemática”.
Los raizales alertan un riesgo de posible exterminio frente a la reducción progresiva de su población, pues luego de ser la población mayoritaria, en el Censo poblacional del 2005 realizado por el DANE, la población raizal registró 30.118 personas de las 76.442 personas que habitan en las islas, lo que corresponde a solo el 39.4% de la población total.
“A mí lo que más me preocupa es que nuestra identidad como pueblo se está perdiendo, porque la cultura de las otras personas que han llegado a San Andrés se está apoderando lentamente y en la parte de la educación que es generalizada porque nuestros hijos tienen que aprender el idioma español a las buenas o a las malas y nuestro idioma nativo no se está enseñando”, añade Livingston. Nuevamente, el daño se los ha causado Colombia.
Desde Bogotá, el gobierno colombiano demandó ante la Corte Constitucional la Ley 37 de 1961 que hacía efectivo el Pacto de Bogotá o Tratado Americano de Soluciones Pacíficas. Ese Pacto le daba jurisdicción a la Corte de La Haya sobre la problemática territorial. Pero la Corte Constitucional en el 2014 emitió la sentencia C-269/14 en donde declaró que, según la Constitución Política colombiana, los límites del Estado no son posibles de establecer sin la existencia de un tratado internacional.
El Estado de Colombia se retiró del Pacto de Bogotá y definió que el fallo de La Haya no era aplicable hasta que no existiera un tratado limítrofe entre Nicaragua y Colombia. Así lo planteó en 2013 la Presidencia de la República al sostener que: “el fallo de la Corte Internacional de Justicia no es aplicable –y no será aplicable– hasta tanto se celebre un tratado que proteja los derechos de los colombianos, tratado que deberá ser aprobado de conformidad con lo señalado en nuestra Constitución”.
Así mismo, el Gobierno central declaró una “Zona Contigua Integral” para ejercer control sobre el archipiélago, con una estrategia de seguridad que afianza el ejercicio de la soberanía territorial del Estado colombiano. Lo que también disgustó a los nicaragüenses. Esto provocó la demanda presentada el 25 de noviembre de 2013 por el gobierno de Nicaragua alegando incumplimiento del fallo por parte de Colombia.
Según colombiaplural.com, en donde menos se ha concentrado la prensa colombiana ha sido en el otro planteamiento de la Corte Constitucional, que también exige la consulta al pueblo raizal en el caso en el que se decida establecer un Tratado Internacional. Al parecer, es lo que tratan de subsanar esta publicación.
El jueves 17 de noviembre, el Estado colombiano presentó la defensa o contramemoria en el proceso contra Nicaragua por las “Supuestas Violaciones de sus Derechos Soberanos y Espacios Marítimos en el Mar Caribe” y la Cancillería anunció que: “El Gobierno Nacional continúa defendiendo con firmeza la integridad del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y los derechos de Colombia en el mar Caribe”.
Todavía falta responder a otro proceso, en donde Nicaragua busca obtener la soberanía sobre su plataforma continental, lo que involucraría a una parte de la zona insular que hoy le pertenece a Colombia. La comunidad raizal convocó a una movilización este sábado 19 de noviembre de 2016, cuando se cumplen cuatro años después del primer fallo de La Haya en esta disputa.
El sábado volverán a resonar las voces raizales para exigir la satisfacción de varias necesidades porque, como lo expone Germán Celis, hay que “recordar el dolor y el sufrimiento que pasamos cuando se nos cercenó y dividió el territorio, [y] lo otro es el proceso del Estatuto Raizal“.
Frente a esta última reclamación, Ofelia Livingston explica que “lo principal es el Estatuto Raizal, un estatuto autonómico sobre el que durante más de 20 años hemos estado hablando. El pueblo raizal tiene derecho a la autodeterminación y en estos momentos parece que el Gobierno Nacional no tiene interés en que nos sentemos en una mesa a negociar el tema del Estatuto porque el principal tema de ese estatuto es el territorio“.
La estrategia de defensa colombiana ante La Haya, esta vez trajo otro matiz. Por primera vez en la historia de esta disputa, el Estado colombiano definió tener en su equipo de trabajo a varios miembros del pueblo raizal, aunque aún existen algunas críticas: “El Gobierno de Colombia lo que ha hecho es contratar a unos tres o cuatro raizales, los tiene ahí, los escucha, pero no utiliza sus argumentos para la defensa” explica Germán Celis.