Cambio de sexo desde los 14 en España con solo pedirlo
Sputnik
El Consejo de Ministros de España ha aprobado la tramitación de la nueva ley trans. Con esta, cualquier persona mayor de 14 años podrá solicitar el cambio registral de sexo con su mera declaración. Además, la normativa incluye una batería de derechos para las personas LGTBI.
No ha sido un camino plácido. Tras meses de negociaciones, desavenencias y paralización, la ley trans recala en el Consejo de Ministros. Una normativa que viene a sustituir la anterior legislación, vigente desde 2007, y que ha enfrentado a PSOE y Unidas Podemos, los dos partidos del Gobierno de coalición. El resultado no es el texto legislativo elaborado en febrero por el Ministerio de Igualdad, ni el expuesto el 18 de mayo por ERC, CUP, JxCat y Más País-Compromís en el Congreso de los Diputados. «Acabamos con la histórica invisibilidad y reconocimiento de los derechos a las personas LGTBI. Nos ponemos a la vanguardia de Europa. En estos momentos de actualidad europea, representamos un impulso a estos derechos en el continente», ha comenzado la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, quien ha afirmado que es «el mejor texto que podrían aprobar».
«Estamos ante un día histórico. Damos luz verde a la tramitación de una ley que garantiza la igualdad real y efectiva de las personas trans y una batería importante de derechos para las personas LGTBI, actualmente vulnerados en nuestro país», ha indicado la ministra de Igualdad, Irene Montero. La política de Unidas Podemos ha querido resaltar que esta normativa, que afecta a marcos como el laboral o sanitario, se ha conseguido gracias al trabajo de las asociaciones.
«Con esta ley se va a dar un paso de gigante. Es un mérito de los colectivos. Las protagonistas son las personas LGTBI, en concreto las trans. También las feministas, ya que también es una ley feminista. Al final, tenemos que llegar todas, porque si no, no llega ninguna. Cuando se garantizan los derechos humanos, nos convierte en más libres y hace de esta sociedad una más feminista».
En rueda de prensa han comparecido María Jesús Montero, Irene Montero y el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. La ministra de Igualdad ha reconocido la existencia de «debates profundos», pero también «que son capaces de dialogar, cumplir con el acuerdo de coalición y garantizar que hacen políticas que mejoran la vida de la gente y amplían sus posibilidades de ser felices». En la felicidad han incurrido los tres. «Que haya gente que pueda respirar más tranquila es un avance», ha recalcado Campo.
Nueva ley trans
Un día después de la celebración del Día del Orgullo llega esta nueva norma, en la que se fusionan la ley trans y la LGTBI. Las dos propuestas englobadas, algo que aceptó la ministra de Igualdad, Irene Montero, quien contaba con dos variantes. La unificación era una de las peticiones del PSOE, orquestadas por la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo.
Eso sí, la ley trans de 2021 admite uno de los puntos que más polémica ha causado en el seno de La Moncloa y demanda histórica del colectivo trans: la autodeterminación de género. Bajo el amparo de esta normativa, cualquier persona mayor de 14 años podrá cambiar su sexo en el DNI con la declaración expresa. Así, no será necesario ningún tipo de expediente médico.
Para ello, la persona interesada deberá comparecer ante el Registro Civil, donde se le dará un formulario en el que manifestará su disconformidad con el sexo mencionado en su inscripción de nacimiento. Un funcionario informará al solicitante sobre las consecuencias jurídicas del cambio y será citado de nuevo en un plazo máximo de tres meses para ratificar la solicitud. Tras esto, se dictará resolución sobre la rectificación registral en un mes como máximo.
El cambio registral mediante la mera voluntad formaba parte del primer borrador de la ley. Sin embargo, este último eleva la edad para solicitar la autodeterminación de género. Se pasa de los 12 años a los 14. Tampoco incluye las personas trans migrantes, quienes no pueden pedirlo para alterar su tarjeta sanitaria o permiso de trabajo. Además, se elimina la opción de una tercera casilla en el DNI para el género no binario.
Desde determinados sectores del PSOE no se ve con buenos ojos la autodeterminación de género. Consideran que «desdibujaba a las mujeres como sujeto político y jurídico». «Me preocupa pensar que se elige el género sin más que la mera voluntad», expresó Calvo en la Cadena Ser. En la misma línea se mueven los colectivos feministas, que argumentan que «no se puede legislar en base a sentimientos» y que esta nueva ley contradice a otras como las de violencia de género.
Tampoco contenta completamente al colectivo trans. La Federación Plataforma Trans considera que esta propuesta olvida a los menores de 14 años y a los migrantes, además de dejar «en el limbo a las personas trans». Comentarios que se entremezclan con los centenares que opinan que «es un día histórico».
Además de la autodeterminación de género, la nueva ley incluye otros aspectos relevantes. Entre estos, la prohibición de las terapias de reconversión; el acceso a la reproducción asistida para mujeres lesbianas, bisexuales y solas; la filiación de hijos a las dos madres de una pareja lesbiana o bisexual, no solo a la biológica; el reconocimiento de los derechos de las personas intersexuales; la potenciación de la educación sobre diversidad y un régimen de sanciones para proteger al colectivo LGTBI contra la discriminación.
El Consejo de Ministros aprueba la tramitación de la ley, pero todavía le espera un recorrido de varios meses. Un camino en el que se pueden introducir modificaciones al texto original, como pueden ser las enmiendas durante el debate del Congreso de los Diputados. «Todavía se pueden mejorar cosas, pero creo que es buen texto legislativo», ha puntualizado la ministra de Igualdad.
Otros puntos tratados
Más allá de la ley trans, el Consejo de Ministros ha aprobado el Plan Concertado de Servicios Sociales, dotado de 98,9 millones de euros, para financiar la red de atención primaria gestionada por las corporaciones locales. Estos serán distribuidos entre las comunidades autónomas para garantizar servicios como la ayuda a domicilio, el apoyo a la unidad de convivencia, la atención a la pobreza infantil, el alojamiento alternativo y la prevención e inserción social.
En rueda de prensa también se ha colado el procés catalán. En concreto, a través de la negativa del PP a reformar el Tribunal de Cuentas, única manera de evitar la multa de 5,4 millones que impone esta institución a los líderes indultados por promocionarse fuera de España. «Hay que esperar, pero es cierto que no es un reconocimiento de la mayoría democrática del país. Ellos prefieren a aferrarse a esto, pero no es de recibo para los ciudadanos», ha respondido la portavoz del Gobierno.