Colombianos dicen que Nicaragua sólo busca el petróleo
Isla de Providencia, uno de los territorios arrebatados a Nicaragua por Colombia.
Un nuevo capítulo entre el litigio de Colombia y Nicaragua por las aguas territoriales en el Meridiano 82 comenzará en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya (Holanda).
Las audiencias orales, que se extenderán hasta el 4 de mayo, se focalizarán en el reclamo que hizo Nicaragua de 50.000 kilómetros cuadrados en el Océano Atlántico, toda vez que en 2007 la CIJ emitió un fallo en el que ratificó la soberanía de Colombia sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia, Santa Catalina y algunos cayos, por lo que ahora la discusión se basará en la frontera marítima.
Hace cinco años, el Tribunal determinó que “el tratado de 1928 entre Colombia y Nicaragua resolvió la cuestión de la soberanía de las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y que por tanto, (la CIJ) no puede ser competente en este punto”.
No obstante, la británica Rosalía Higgins, quien presidió el Tribunal en esa época, declaró que “la Corte considera que es competente en el diferendo relativo a la soberanía de las otras formaciones marítimas reivindicadas por las partes y sobre el diferendo relativo a la delimitación marítima entre ellas”.
Este litigio comenzó en 2001, cuando Nicaragua entabló la demanda en la que reclamó la porción marítima en el Caribe, donde se encuentra el archipiélago, pero al perder la soberanía sobre las islas y los cayos continuó con sus alegatos por los límites marinos.
Este interés de Nicaragua, según el historiador Alberto Abello, radica en que, “primero, esa nación reclamaba lo más para quedarse con lo menos: la porción de mar, en donde se dice existen amplios yacimientos petroleros, así como riqueza marítima que es, en últimas, lo que quiere obtener el Gobierno nicaragüense”.
Abello recordó que la CIJ dijo que no existe el Meridiano 82 y de inmediato el pleito “se focalizó en el derecho marítimo, por lo que una posible decisión sería que a Colombia le dejen unas millas de mar, pero perdería la zona donde está la riqueza del subsuelo”. De hecho, la senadora Alexandra Moreno recordó que en el 2006 Nicaragua comenzó a ofertar áreas para la explotación de petróleo en zonas que son propiedad de Colombia.
En ese mismo momento, el Gobierno colombiano, a través del entonces ministro de Minas, Hernán Martínez, reconoció que se estaban adelantando “estudios de sísmica en una área de 2.911 kilómetros” y que “la totalidad de la información recogida por un barco noruego fue adquirida al oriente del Meridiano 82, en territorio colombiano”.
La senadora Moreno explicó que “además de petróleo, existe una amplia biodiversidad y un fuerte atractivo turístico que determinaría un detrimento para el país” en caso de darse un eventual fallo adverso a Colombia, lo que genera “una alta preocupación”.
El exmagistrado Eduardo Cifuentes, entre tanto, reconoció que, hasta ahora, “Colombia ha hecho una defensa sólida”. Sin embargo, comentó que “con la aplicación del derecho del mar, el país no va a tener una victoria del ciento por ciento porque existen precedentes que irían en contra de Colombia, dadas las condiciones geográficas que existen en esa zona”.
Una mirada mucho más optimista la dio el exasesor presidencial José Obdulio Gaviria, quien se mostró confiado que Colombia va a salir avante en este litigio, al considerar que “no hay argumentos válidos de Nicaragua para poder acceder a este territorio marítimo”.
Otro que ve un resultado favorable es el exsenador Carlos Gaviria, quien anotó que “la soberanía nunca estuvo en peligro”, pero reconoció que “puede haber un cambio en los límites marinos, en donde Nicaragua puede resultar ganando un poco”.
Argumentos de Colombia
La posición de Colombia ha sido que desde el inicio de su vida como nación independiente ha ejercido en forma pública, pacífica e ininterrumpida su soberanía y jurisdicción sobre el Archipiélago de San Andrés, incluyendo los cayos de Roncador, Quitasueño, Serrana, Serranilla, Bajo Nuevo, Alburquerque, Cayos Este Sureste y todas las áreas marítimas que le corresponden.
Esta posición está sustentada en la historia y en el derecho, fundamentalmente en la norma de normas pacta sunt servanda, (los pactos son para cumplirse) principio fundamental del derecho internacional público.
Nicaragua pretende que le concedan unos territorios sobre los cuales no tiene ningún título histórico ni jurídico y sobre los que jamás ha ejercido acto de señor y dueño.