Gobierno aplazado en derechos humanos
Dra. Vilma Núñez, presidenta del Cenidh.
Natasha Pitts
Adital
La última semana, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) divulgó el «Informe de Derechos Humanos en Nicaragua 2011” con los principales resultados de las investigaciones y análisis sobre violaciones a los derechos civiles y políticos y a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el contexto del final del segundo mandato del presidente Daniel Ortega.
El informe revela que en los últimos cinco años de gobierno de Ortega fue posible percibir un control excesivo sobre los Poderes del Estado, situación que debilitó a las instituciones nacionales y municipales, lo por sí solo constituye una seria amenaza a los derechos humanos.
Otros elementos que también caracterizaron su gestión de 2007 a 2011 fueron: concentración del poder, restricción a los derechos políticos, resistencia al impulso de reformas para la vuelta del sistema democrático, rechazo a la apertura de espacios de participación a la sociedad civil, desmovilización de la ciudadanía, campañas de intimidación y agresiones contra defensores/as de derechos humanos, corrupción y falta de voluntad para implementar las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos y de otros órganos que tratan el asunto.
El resultado de esta forma de gobernar produjo en cinco años 8.302 denuncias por violaciones a los derechos humanos, siendo, en general, más graves que las registradas en el gobierno de Enrique Bolaños. Entre las denuncias registradas contra la Policía Nacional se encuentran: violaciones al derecho a la vida, a la libertad personal y a las libertades individuales, malos tratos, torturas, falta de estructura en celdas de detención preventiva y violencia desproporcionada.
El informe destaca las restricciones a los derechos políticos, con énfasis en los derechos de elegir y de ser electo, así como el derecho a desempeñar el cargo para el cual se fue electo. Las irregularidades en las elecciones de 2011 tuvieron como resultado varias destituciones y renuncias de alcaldes, algunos de ellos popularmente electos, se destaca en el documento. A muchos ciudadanos también se les cobró para tener acceso a las cédulas de votación, mientras que funcionarios del gobierno las recibieron en forma preferente y gratuita.
Las restricciones al derecho de manifestación también fueron frecuentes en estos últimos cinco años debido a la intimidación provocada por las fuerzas de choque gubernamentales. El informe del CENIDH recuerda que en el mismo momento en que la sociedad civil se preparaba para realizar marchas y manifestaciones, la policía nacional realizaba ‘contramarchas’ en la misma ruta.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos también denunció el cierre de espacios orientados hacia la participación política de la sociedad civil organizada.
«El cierre a la participación de las organizaciones sociales también fue notorio, ya que se ha pretendido imponer que sólo a través de un partido político se puede incidir en las políticas de gobierno. En síntesis, se ha buscado por los medios que brinda el poder, negar el derecho de incidencia de la ciudadanía en las políticas públicas y en el quehacer estatal”.
Dentro del capítulo de derechos civiles y políticos también merece destaque la situación carcelaria nacional. Las denuncias de falta de estructura física, violaciones y superpoblación fueron frecuentes. En los Sistemas de Chinandega, Tipitapa y en las celdas en las comisarías de Puerto Cabezas se registraron rebeliones que pusieron en riesgo la vida de los internos y de los profesionales de custodia. Las denuncias llegaron al CENIDH y a los familiares de los detenidos, sin embargo, los integrantes del Centro no pudieron constatar la situación de cerca por no haber recibido el permiso para entrar en los sistemas penitenciarios.