Lucha contra el narco: cambio de estrategia

Rubén Aguilar Valenzuela

Todos los presidentes de México han combatido al narcotráfico y al crimen organizado, pero cada uno ha adoptado estrategias distintas para hacerlo. El presidente Felipe Calderón eligió el camino de la “guerra”. A lo largo del sexenio se ha mantenido en ella y los resultados no parecen ser buenos.

El virtual presidente constitucional, Enrique Peña Nieto, ha delineado de manera general cuál sería su estrategia en la reunión que tuvo con los presidentes municipales electos del Revolucionario Institucional, el pasado 16 de agosto. Su propuesta resulta distinta a la seguida por Calderón.

La premisa central de la alternativa delineada por Peña Nieto, para enfrentar la violencia y reducir de “manera significativa” los homicidios, secuestros y extorsiones, es que no se puede recurrir sólo al camino de la “fuerza”, que ha sido el punto central de la estrategia asumida por el actual gobierno.

A partir del deslinde de la “fuerza” como el eje articulador de la estrategia se derivan una serie de líneas de acción que Peña Nieto dio a conocer en esa misma reunión con el compromiso de que en unas semanas presentará un plan acabado de la propuesta a implementar en su gobierno.

De lo dicho se ve que la estrategia contempla un enfoque integral que da la misma importancia a la policía y los órganos de seguridad del Estado, que al fortalecimiento del sistema judicial y la ampliación de las acciones que contempla la política social.

Un ejemplo de éstas sería construir un sistema educativo de calidad que garantice establecer la jornada completa en las escuelas para que los estudiantes “pasen mayor tiempo en las aulas que en las calles” y estén mejor preparados para participar en el mercado del trabajo.

Se habla también de fortalecer los acuerdos y los mecanismos de cooperación en seguridad de los tres niveles de gobierno y también avanzar en la creación de “policías estatales únicas para evitar la actual dispersión y fragmentación de las policías municipales”.

El plan contempla duplicar los efectivos de la Policía Federal para colaborar de manera permanente en la lucha contra el crimen organizado en los estados y municipios, y prioriza los esfuerzos en los más violentos y con mayor riesgo.

La propuesta busca fortalecer el sistema de impartición de la justicia y disminuir la impunidad como también acelerar la instauración de los juicios orales y modernizar el sistema penitenciario para evitar que se “convierta en una escuela del crimen”.

El cambio de la estrategia centrada sólo en la “fuerza” que ha resultado un fracaso es urgente y alentador que el nuevo gobierno contemple otra manera de hacer frente al problema del narcotráfico y el crimen organizado. Habrá, con todo, que analizar con cuidado cuando se dé a conocer la estrategia ya acabada.